El exministro de Transportes y antiguo secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad política con una petición formal y pública a la Mesa del Congreso. El exministro y actual diputado del Grupo Mixto ha solicitado ejercer su derecho al voto de manera telemática, amparándose en el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que contempla esta posibilidad en "situaciones excepcionales de especial gravedad".

La solicitud de Ábalos dirigida a la presidenta del Congreso se produce en pleno contexto de incertidumbre sobre su futuro político y tras varias semanas de creciente tensión dentro del hemiciclo por sus votaciones y su papel en los equilibrios parlamentarios. Además coincide de lleno con la ratificación por parte del Tribunal Supremo de su procesamiento por el caso de las mascarillas junto a su exasesor Koldo García.

La petición urgente de voto telemático

En un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, fechado el 9 de diciembre de 2025, Ábalos solicita "por vía de urgencia y extraordinaria" autorización para emitir su voto de forma telemática en los plenos de los días 9, 10 y 11 de diciembre, amparándose en el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara "en situaciones excepcionales de especial gravedad".

El diputado explica que esa "situación de excepcionalidad" le impide tramitar la petición con normalidad y también asistir físicamente a las sesiones, y asegura aportar "documentos pertinentes y con carácter confidencial" que avalan su solicitud.

Desde su perfil de X, Ábalos refuerza el mensaje político de su movimiento: "Dado que sigo siendo diputado con todos mis derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas, he solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática", subrayando que "el ejercicio de la representación popular de un diputado electo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra".

Advierte de que impedirle votar sería, a su juicio, "una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad" de los derechos de representación.

El Supremo confirma el procesamiento por la trama de mascarillas

En paralelo a esa ofensiva parlamentaria, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento de Ábalos y de su exasesor Koldo García por la pieza principal del denominado caso Koldo, centrada en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El alto tribunal desestima los recursos de ambos contra el auto del pasado 3 de noviembre y respalda el "cuadro indiciario" que apunta a delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en beneficio propio y de terceros.

La confirmación del procesamiento deja esta rama del caso lista para juicio y agrava la situación de Ábalos, que ya se enfrenta a peticiones de penas de prisión elevadas por parte de la Fiscalía y de las acusaciones populares, y que se encuentra en prisión preventiva junto a Koldo desde finales de noviembre, mientras el supuesto comisionista Víctor de Aldama permanece procesado en la misma causa.

Impacto en el Congreso y en la mayoría parlamentaria

La resolución del Supremo tiene una derivada directa en el Congreso, donde el Reglamento prevé la suspensión de los diputados que estén en prisión preventiva cuando el auto de procesamiento es firme, lo que coloca a la Mesa ante una decisión políticamente delicada sobre el futuro de Ábalos en el escaño. Al mismo tiempo, su petición de voto telemático se produce en jornadas con votaciones de peso para el Gobierno, en un hemiciclo de mayoría ajustada donde cada escaño puede resultar decisivo.

La tensión entre la reivindicación de Ábalos de ejercer hasta el límite sus "derechos y prerrogativas" como diputado y el escenario judicial que lo encamina a juicio por corrupción añade presión sobre la presidenta del Congreso y los grupos parlamentarios, que deben equilibrar la defensa de las garantías parlamentarias con la imagen institucional de la Cámara en pleno auge de un caso de comisiones por contratos de emergencia en la pandemia.